La Misión Internacional de Especialistas en Derechos Humanos presentó un informe técnico donde expresó su profunda preocupación por la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de restringir el acceso de personas al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de su arresto domiciliario, sin autorización judicial específica. La medida fue calificada como inadecuada, innecesaria, desproporcionada y carente de justificación legal. Además, los expertos advirtieron que constituye una violación a derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El documento destacó que no existen antecedentes en el sistema penal argentino de restricciones de este tipo, ni siquiera en casos de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. A criterio de la Misión, la decisión judicial carece de fundamentos razonables, viola el principio de igualdad y contradice los estándares internacionales de derechos humanos, que protegen la dignidad, la vida privada y el derecho al contacto con el entorno familiar y social, incluso en contextos de privación de libertad.
La Misión señaló que la falta de proporcionalidad y fundamentación convierte esta medida en un acto arbitrario, que podría configurar incluso una forma de afectación psicológica grave, incompatible con el derecho internacional vigente. Exige, por tanto, que el Poder Judicial argentino revise de forma urgente la resolución y restituya los derechos vulnerados a la ex mandataria. Firmaron el informe reconocidas personalidades del ámbito internacional, entre ellas Raphael Vasconcelos, Nadia Cruz, Paulo Abrão, Jordán Rodas, Minou Tavárez Mirabal, Lourdes Palacios, Juan Carlos Moraga, Pablo Vommaro, Bettiana Díaz Rey, Estefanía Veloz y Gisele Ricobom.
Hace una semana, el TOF 2 había rechazado el pedido de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para que pudiera recibir visitas sin restricciones en el departamento de la calle San José 1111, donde cumple su prisión domiciliaria. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso analizan un listado de personas que accederán a verla sin necesidad de autorización judicial previa.
El argumento central de la defensa de la ex presidenta fue que “quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley, tal como se deriva del principio de reserva que consagra el artículo 19 de la Constitución Nacional”. La propia Fernández de Kirchner lo calificó en sus redes sociales como “un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie”, y que además es “violatorio de mis más elementales derechos civiles”.
