En este país, los gestos pesan. Y algunos, más que mil discursos. Desde su departamento de San José 1111, en Constitución, Cristina Fernández de Kirchner convirtió su balcón en un símbolo político. Ese espacio mínimo incomoda al poder, irrita a los tribunales y tensiona un dispositivo judicial que, más que vigilarla, busca apartarla del escenario público. El tribunal tiene plazo hasta el martes para definir los usos que la expresidenta puede darle a ese pequeño espacio de su departamento.
Ahora, la pelota quedó del lado del Tribunal Oral Federal 2 que debe resolver una cuestión que, aunque parezca menor, carga con una dimensión histórica y política imposible de ignorar: definir si la expresidenta puede o no asomarse al balcón de su casa mientras cumple prisión domiciliaria, tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad. Lo pidió su defensa, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, a través de un recurso de aclaratoria incorporado a la causa.
El planteo no es caprichoso: la resolución judicial que dispuso el arresto domiciliario establece que Cristina debe abstenerse de “comportamientos que perturben la tranquilidad del vecindario”, pero no menciona ni prohíbe expresamente el uso del balcón. La polémica creció porque, en los últimos días, miles de personas se acercaron a acompañarla, con banderas y pancartas, mientras Cristina saludaba desde ese balcón. El gesto descolocó al Gobierno de Javier Milei y activó una maquinaria judicial que busca disciplinarla.
La posibilidad de una sanción si decide asomarse sin permiso no es menor: podría revocarse la prisión domiciliaria y trasladarla a una cárcel. Como si no alcanzara, esta semana la Justicia también evaluó colocarle una tobillera electrónica, decisión que su defensa ya adelantó que apelará. “Es una imposición innecesaria y un condicionamiento político”, afirmó Beraldi este jueves. Mientras tanto, los mismos tribunales que habilitan toques de queda judiciales para la dirigencia opositora, deberán decidir antes del martes si la mujer que gobernó el país durante ocho años puede o no asomarse a su balcón. No es sólo un gesto: es una disputa por el derecho a existir políticamente en la Argentina actual.
