Mary-Claire King, la genetista estadounidense que ayudó a las Abuelas de Plaza de Mayo a identificar a sus nietos y nietas, fue distinguida con el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica que se anunció este jueves en Oviedo, España. El reconocimiento internacional a los aportes de King coincide con la avanzada del Gobierno de Javier Milei sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que fue intervenido y está prácticamente paralizado.
La decisión de premiar a King se adoptó de manera unánime. El jurado explicó que lo hizo por sus descubrimientos para la prevención del cáncer –específicamente de mama y ovarios–, por sus estudios sobre la similitud de las especies y su aplicación de la genética a los derechos humanos. King, de 79 años, llegó a desempeñarse como presidenta de la Sociedad Estadounidense de Genética Humana. En la Argentina, su mayor aporte fue haber contribuido a desarrollar el índice de abuelidad, que permitió identificar a más de 100 niños y niñas apropiados durante los años del terrorismo de Estado.
En 1979, en plena dictadura, las Abuelas leyeron un artículo en el diario El Día de La Plata que les hizo prender una lamparita, como recuerda Estela de Carlotto. Allí se contaba que había un hombre que negaba ser el padre de una criatura y que lo habían sometido a análisis para chequearlo. Las Abuelas se preguntaron si su sangre serviría para encontrar a los chicos y las chicas que estaban buscando.
Muy pocas de ellas tenían algo de sus nietos. Algunas atesoraban un dientito de leche. María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani tenía un mechón de pelo de Clara Anahí, su nietita desaparecida. Lo había enviado a Amnistía Internacional para preguntar si con eso se podría identificar a la niña si la localizaban. La respuesta no había sido esperanzadora.
En noviembre de 1982, las Abuelas viajaron a Washington para participar de la asamblea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Allí se encontraron con Isabel Mignone, hija de los fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien las puso en contacto con el médico Víctor Penchaszadeh, también exiliado en los Estados Unidos.
A través suyo, las Abuelas conocieron a Eric Stover, director del programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS por su sigla en inglés). Stover fue quien involucró a King en la investigación que movía a las Abuelas: saber si su sangre servía para identificar a sus nietos.
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En junio de 1984, mientras la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) investigaba lo sucedido durante la dictadura, llegó una comitiva de la AAAS a la Argentina. Estaba integrada, entre otros, por King.
La genetista fue a la sede de las Abuelas, por entonces en la calle Montevideo al 400, se sentó con ellas y dibujó un árbol genealógico compuesto por una familia con padres desaparecidos. Dijo que si se tenía la sangre de los abuelos y la del niño se podría calcular la probabilidad de parentesco. El problema es que se necesitaba la muestra del chiquito.
“Podemos conseguir una orden judicial”, se entusiasmaron las integrantes del organismo de derechos humanos. Elsa Pavón, una de las fundadoras de Abuelas, había presentado la denuncia por la sustracción de su nieta el primer día hábil después del regreso de la democracia. Así, Paula Logares, nieta de Elsa, se convirtió en la primera nieta en ser identificada por los análisis de sangre.
Gracias a ese desarrollo, las Abuelas fueron a ver a Raúl Alfonsín, quien en 1987 impulsó la creación del BNDG, que hoy está en riesgo por obra y gracia del Gobierno de Milei. Allí es donde se almacenan las muestras de los familiares que buscan a los bebés robados durante la dictadura.
Cuando se discutió la Ley Bases, hubo consenso para que el BNDG no pudiera ser eliminado o intervenido. Sin embargo, el Gobierno lo terminó haciendo de facto. El 23 de mayo pasado, se publicó el decreto 351 que firmó Milei para transformar el BNDG en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete.
Abuelas de Plaza de Mayo denunció en las últimas horas que el BNDG está en riesgo por tres razones. Por un lado, está desfinanciado. Por otro lado, no tiene autoridades, ya que el mandato de la directora, Mariana Herrera Piñero, está vencido desde el 18 de mayo. Eso hace que estén paralizados todos los requerimientos de la justicia. Por último, con el decreto 351, el Gobierno le quitó autonomía y autarquía.
La organización que preside Estela de Carlotto le pidió a la jueza federal de San Martín Alicia Vence que declare la nulidad e inconstitucionalidad del decreto 351 y que, además, dicte una medida de no innovar para asegurar las muestras y las investigaciones que tiene el BNDG.
La presentación se hizo en San Martín porque Vence investiga lo sucedido en Campo de Mayo. En esa guarnición militar funcionaron, al menos, cinco centros clandestinos. Hubo también más de 30 mujeres embarazadas que estuvieron secuestradas. Abuelas identificó a ocho bebés que nacieron o pasaron por allí.
En el juzgado de San Martín, la jueza Vence ya está analizando la presentación de las Abuelas, pudo saber Página/12.
