Causa AMIA: ¿Iraníes y libaneses con defensores? 

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Irán decidirá en los próximos días si designa un abogado que represente a sus funcionarios en el juicio en ausencia por el atentado contra la AMIA. Como se sabe, el régimen de los ayatolas no sólo sostiene desde el principio que no tuvo ninguna relación con el ataque, sino que la causa judicial es un armado norteamericano-israelí. Según supo Página/12, en Teherán se baraja la posibilidad de designar un letrado, aunque el sorpresivo pedido del fiscal Sebastián Basso de detención del máximo líder religioso, Alí Khamenei, posiblemente derive en mantener la postura de que se trata de una causa política. La decisión será tomada en tiempos en que Estados Unidos e Irán negocian un acuerdo de limitación nuclear -hubo reunión este sábado en la embajada de Omán en Roma- y cuando los controles parecen haberse relajado: de hecho, en las listas que distribuyen Interpol, el FBI y la CIA ni siquiera figuraba el vicepresidente de Irán, Shahram Dabiri, que se paseó por Buenos Aires, Ushuaia y la Antártida sin que nadie lo moleste y sin que el gobierno de Javier Milei siquiera se haya enterado. La Cancillería y la SIDE se acusan mutuamente del blooper.

El juez Daniel Rafecas es quien ahora está a cargo del expediente AMIA y quien debe decidir si da curso al pedido del fiscal de la Unidad AMIA, Sebastián Basso, de concretar el juicio oral. El magistrado le pidió opinión a todas las partes, es decir a la querella de AMIA-DAIA; los familiares y a la defensa oficial, que representa a los imputados, iraníes y libaneses. Es muy posible que lo que decida Rafecas tenga que ser convalidado después por la Cámara Federal. Luego vendrán los pedidos de procesamientos y elevaciones a juicio. En otras palabras, el trámite va para largo, pero es un hecho que el juez dirá que el caso AMIA amerita el juicio en ausencia.

En el juzgado afirman que Rafecas no decidirá sobre el pedido de captura de Khamenei porque es nuevo, mientras que el juzgamiento de los imputados espera hace años y años. La captura del máximo líder religioso nunca fue pedida, ni por los fiscales originales, Eamon Mullen y José Barbaccia, ni por Alberto Nisman en los ocho años en que estuvo a cargo del expediente. A Khamenei se lo acusa ahora de haber participado de la reunión en la ciudad de Mashhad, en 1993, en la que supuestamente se puso en marcha el atentado.

Lo que fue surgiendo en los últimos tiempos es la posibilidad de que una parte de los iraníes y una parte de los libaneses tengan abogados en el juicio en ausencia.

Fuentes iraníes le revelaron a este diario que no está descartada la idea de designar un abogado que represente a todos o una parte de los funcionarios de ese país. Por supuesto, tendrá que ser un letrado argentino, con la matrícula correspondiente. A lo largo del tiempo transcurrido desde el atentado, hubo un par de tanteos con abogados para intervenir en el expediente, pero la justicia argentina nunca lo permitió: un prófugo no puede tener representante. Ahora, la ley del juicio en ausencia abre la puerta a que el acusado tenga su defensor particular, aunque al imputado no se le permitiría declarar. Ya hubo un pedido de declaración por zoom, hace un par de años, pero fue denegado.

La política del gobierno de Teherán, con presidentes duros y moderados, fue desconocer a la justicia argentina, con el argumento de la causa armada y las vinculaciones de Nisman con Estados Unidos: Irán nunca contestó un exhorto, nunca colaboró con la investigación. En su momento, Irán pareció aceptar la propuesta de Cristina Kirchner y Héctor Timerman, de que los imputados declaren ante un juez argentino -Rodolfo Canicoba Corral-, pero en Teherán y con una Comisión de la Verdad, integrada por juristas internacionales, que dieran una opinión sobre el proceso. Lo concreto es que ese Memorándum nunca terminó de ser aprobado por Irán, nunca entró en vigencia y en la Argentina la justicia alineada con el macrismo y la DAIA no sólo consideró el tratado como inconstitucional, sino un delito y hasta traición a la patria. Ese expediente será motivo de un juicio, seguramente el año próximo.

Ahora, habría una mínima posibilidad de que Teherán decida intervenir en el juicio en ausencia AMIA, aunque la orden de captura contra el líder religioso es probable que sea considerada casi como una ofensa (“es como ordenar la detención del Papa”, dicen) y se ratifique la postura de desconocimiento de la causa.

En verdad, los dos principales imputados son el exagregado cultural de Irán en la Argentina, Mohsen Rabbani, y el supuesto brazo ejecutor Salman Raouf Salman (antes lo identificaban como Salman El Reda), que estaría viviendo en El Líbano. Pero en este último país residen otros imputados cuyo papel sería menor: por ejemplo, facilitaron un contrato de trabajo para que Raouf obtuviera documento en Paraguay o lo ayudaron a conseguir la residencia. La acusación es que estaban vinculados con Hezbollah, la organización pro-iraní a la que se le atribuye el atentado. Esos imputados podrían también designar defensor, teniendo en cuenta que será difícil probar su vínculo con el ataque y, además, las pruebas de esas ayudas no serán sencillas de ratificar.

Lo que se menciona es que para nombrar un abogado, los abogados tendrán que firmar el poder en el consulado o la embajada argentina en Beirut.

Este sábado se produjo un nuevo encuentro entre el gobierno de Trump y las autoridades iraníes en la embajada de Omán, en Roma. Fueron cinco horas de reunión y habrá una nueva cumbre. Se está reviviendo la JCPOA que significa, por sus siglas en inglés, Plan de Acción Comprensivo Conjunto respecto del programa nuclear iraní. En su momento (2015), el acuerdo fue firmado por Barack Obama, China, Rusia, Francia, el Reino Unido y, por supuesto, Irán. En ese entonces y también ahora, el gobierno de Israel se oponía y se opone. Tras la reunión de hoy, la cancillería de Omán confirmó la reunión y sostuvo “que se busca alcanzar un acuerdo justo, duradero y vinculante que garantice que Irán no posea armas nucleares, esté libre de sanciones y que pueda desarrollar un programa nuclear con fines pacíficos”. Una curiosidad es que Obama lo llamaba “el Memorándum con Irán”.

Tanto Washington como Teherán dicen que las negociaciones son positivas y seguirán el próximo sábado. Habrá que ver si el posible acuerdo cambia en algo la situación, pero las derechas de Estados Unidos e Israel siempre presionaron para que hubiera una condena al gobierno de Irán en el caso AMIA, pese a que hasta Canicoba Corral y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvieron que el estado argentino nunca obtuvo pruebas, sino que la acusación se basa en informes de inteligencia. El juicio, justamente, debería establecer si el ataque fue por orden del gobierno de Teherán; si intervino Hezbollah o fue una célula fundamentalista surgida entre la Triple Frontera y Buenos Aires.

En ese marco de un posible relajamiento de las relaciones USA-Irán, se produjo la insólita visita turística a la Argentina de uno de los vicepresidentes de Irán (hay varios), Shahram Dabiri. Todos los iraníes requieren visa y el consulado argentino en Teherán la otorgó. Ahora las autoridades consulares argumentan que Dabiri dijo que era médico, no vicepresidente. El gobierno de Milei se enteró por casualidad: Dabiri y su esposa publicaron en sus redes sociales fotos en la Catedral y en Ushuaia, lo que motivó su despido del gobierno iraní por haber emprendido un viaje lujoso en tiempos de estrechez económica en su país.

En verdad, todas las visas de iraníes son revisadas por la SIDE que, a su vez, recibe informes de Interpol, la CIA y la Mossad israelí. Dabiri no figuraba en la lista, según parece. De manera que el vicepresidente se paseó por la Argentina sin obstáculos, teniendo en cuenta que a las autoridades de su país se las acusa de los 85 asesinatos del atentado. Esa acusación incluye a algunos de los actuales ministros y funcionarios claves del gobierno de Teherán.