La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya fueron informadas de la represión que desplegó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para impedir la marcha de los jubilados de todos los miércoles. En los tribunales de Comodoro Py, el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) –que presiden el premio nóbel Adolfo Pérez Esquivel y la académica Dora Barrancos– también radicaron denuncias.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) les pidió a los organismos internacionales que soliciten informes al Estado argentino sobre el desarrollo de los operativos de seguridad que se desplegaron desde febrero y que manifiesten su preocupación por el amedrentamiento, criminalización y represión de manifestantes. Les requirieron que hagan hincapié en la situación de los adultos mayores, niños, niñas y adolescentes. “Desde diciembre de 2023, la CIDH y la ONU le han reclamado al gobierno argentino que garantice las protestas sociales”, resalta Diego Morales, director de Litigio del CELS.
Desde el organismo, denunciaron que “el gobierno resucita la narrativa del ‘golpe de Estado’ para justificar una represión feroz y una escalada de violencia que empezó ayer (por el martes) con las amenazas de la Ministra Bullrich”. No es la primera vez que desde la administración de Javier Milei se habla de una intentona golpista por la presencia de manifestantes en las calles: ya lo había hecho con la represión del 12 de junio a quienes se manifestaron –o estaban en las inmediaciones del Congreso– cuando se debatía la Ley Bases.
La arbitrariedad de las detenciones quedó en manifiesto con la resolución que firmó Karina Andrade, jueza penal y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Andrade ordenó la soltura de 114 personas que estaban detenidas. Entre las irregularidades que detectó, la jueza Andrade enumeró que:
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Cuando se informaban detenciones, la información era imprecisa- no se sabía a qué hora ni en qué lugar se habían producido las aprehensiones;
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No se sabía por qué delito era detenida cada persona;
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No se precisaba en qué lugar sería la persona detenida alojada.
“Advertí, como adelanté al resolver, que se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, entre otros”, escribió Andrade. “Estas libertades adquieren especial relevancia un día como hoy en el que parte de la sociedad se expresa (se “moviliza”) en favor del ejercicio de la libertad de expresión de los integrantes de uno de los sectores más vulnerables de nuestra República, los adultos/as mayores. Desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente”, completó.
La denuncia de Pietragalla Corti hace referencia al fallo de la jueza Andrade, sobre todo porque la magistrada resaltó que “ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio de bienes públicos”.
Sus afirmaciones contradicen el discurso público de Bullrich, que habló de personas detenidas con armas, o se refirió al móvil policial incendiado. La Red Federal de Derechos Humanos, que preside Pietragalla Corti, recordó que en junio la jueza María Servini había afirmado algo similar: que tenía una treintena de detenidos y ninguna evidencia para mantenerlos en esa situación. En ese momento, dijo que las fuerzas de seguridad no habían investigado qué pasó con el móvil de Cadena 3 que fue incendiado.
“Se trata de una actitud recurrente y claramente planificada de ir a detener manifestantes sin motivo real alguno. No se da en todas las manifestaciones. Se da en algunas de ellas, y en general son preanunciadas con amenazas veladas de la ministra Bullrich”, señaló Pietragalla Corti en la presentación. Pidió que se la investigue por apremios ilegales, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad.
La CPM presentó una denuncia en la que pidió que se investigue el accionar de la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), todas fuerzas que dependen de Bullrich. Reclamó lo mismo con respecto a la Policía de la Ciudad.
La CPM hizo foco en el ataque que sufrió el fotógrafo Pablo Grillo. “Se encontraba tomando una fotografía en cuclillas y recibió un impacto que lo hirió de gravedad, con lo cual es evidente que fue lanzado no hacia arriba como indica el deber de prevención, sino directamente hacia los manifestantes presentes en el lugar. Incluso detectamos en una filmación del programa televisivo Todo Noticias, una secuencia en la que puede verse a un Gendarme que se desprende de su grupo, se agacha y dispara una lata con gas en línea recta hacia los manifestantes”, remarcaron.
